El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este martes que no reactivará la agresiva Ley de Inmigración de Florida, asestando un duro revés al gobernador Ron DeSantis de convertir su estado en un bastión amurallado e impermeable contra los extranjeros indocumentados.
En un fallo sucinto pero unánime, el máximo tribunal de la nación negó la solicitud de emergencia presentada por el fiscal estatal de Florida, James Uthmeier, para suspender el dictamen de un tribunal inferior que mantiene bloqueada la legislación en el territorio desde el pasado abril.
El gobierno de Florida había ya apelado la suspensión al tribunal del Onceno Cicuito, en Atlanta, un órgano judicial de tradición conservadora, pero el fallo fue el mismo.
La Corte Suprema tomó su decisión sin disensos y sin ofrecer razones para hacerlo, lo cual es habitual cuando los jueces actúan sobre solicitudes de emergencia.
El fallo del Supremo no es la última palabra en el caso, que se ventila actualmente en un tribunal federal de Miami, pero envía un mensaje poco alentador para las pretensiones del gobierno de Florida de restringir al máximo los derechos de los inmigrantes en el territorio, a pesar de que los máximos magistados han otorgado un amplio margen de maniobra y fallos favorables a la administración Trump para impulsar su agenda antiinmigrante.
En efecto, la orden de la Corte Suprema sugiere que podría adoptar una perspectiva diferente sobre las facultades de los estados para decidir sobre asuntos migratorios, que la jueza de primera instancia Kathleen Williams ha reiterado como potestad exclusiva del poder federal.
«Es una decisión tremendamente importante», dijo a Café Fuerte el abogado de inmigración Willy Allen. «La Corte Suprema le ha recordado al gobierno de Florida que no tiene la potestad para dictar leyes de inmigración ni puede decidir sobre la política migratoria de este país».
El litigio se ha mantenido en un perfil polémico desde su instauración en Florida, el pasado febrero, y la jueza Williams, declaró al fiscal estatal James Uthmeier en desacato por desafiar su decisión de ponerla en pausa. Tras la primera orden de la jueza para poner en pausa la ley, Uthmeier emitió un memorando a las fuerzas policiales de Florida a que desconocieran la opinión judicial.
Y la controversia sobre temas migratorios está en un punto álgido en Florida, luego de la inauguración del centro de detención Alligator Alcatraz en los Everglades, la pasada semana, en una zona pantanosa a 56 kilómetros de Miami, lo cual se ha convertido en un asunto de debate nacional y en objeto de demanda en los tribunales federales.
Ley de Inmigración de Florida (SB 4-C) tipificó como delito grave la entrada de inmigrantes no autorizados al estado de Florida e incluso estableció la opción de pena de muerte obligatoria para personas sin estatus legal que cometan crímenes graves, como asesinatos o violación de menores.
Se considera que la legislación dota al estado con las restricciones antiinmigrantes más severas del país, incluyendo la opción de pena de muerte obligatoria para personas sin estatus legal que cometan crímenes graves, como asesinatos o violación de menores. Seis estados en la nación tienen legislaciones similares impuestas,pero las más severas se localizan en Florida y Texas, donde también fue retada en los tribunales.
Tras el fallo de este martes, la única alternativa legal que queda al gobierno de Florida es seguir el proceso en el tribunal federal y esperar por la resolución del caso para luego ejercer nuevas reclamaciones si lo estima pertinente.
Pero por el momento, la Corte Suprema ha traído un prometedor alivio a los inmigrantes del estado.
El litigio gira en torno a la cuestionada legislación estatal mediante una demanda interpuesta por dos inmigrantes residentes en Florida, quienes dicen haber entrado al país ilegalmente.
Una de las demandantes es una mujer que fue deportada previamente y tiene cuatro hijos nacidos en Estados Unidos. La otra viaja fuera de Florida dos veces al año con su hijo, también nacido en Estados Unidos y afectado por una discapacidad. Ambas personas son miembros de la Coalición de Inmigrantes de la Florida y de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de la Florida, agrupaciones incluidas en la demanda.
Los demandantes argumentan que si se aplica estrictamente la Ley de Inmigración de Florida, las personas sufrirán un daño irreparable, toda vez que corren el riesgo de ser arrestadas, procesadas y detenidas en virtud de una legislación inconstitucional.
