Administración Trump considera suprimir permiso de trabajo a solicitantes de asilo

La administración de Donald Trump está valorando establecer una normativa que impediría que los solicitantes de asilo puedan acceder a un permiso de trabajo mientras transcurre la resolución de su proceso migratorio en territorio de Estados Unidos.

La propuesta fue reportada por la cadena CBS News, citando a dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que pidieron anonimato. Una fuente gubernamental confirmó este miércoles a CaféFuerte que la medida se encuentra en “vías de evaluación” como parte del protocolo para desalentar la inmigración descontrolada que ha concebido el asesor del Consejo de Seguridad Nacional, Stephen Miller.

La idea que elaboran funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) supondría un giro radical en la política que el gobierno aplica desde hace décadas en favor de que los inmigrantes con solicitudes de asilo trabajen legalmente en el país mientras los tribunales de inmigración consideran la validez de sus peticiones y determinan el otorgamiento del beneficio a sus casos.

Desde la reforma migratoria de 1990, la ley estadounidense permite a funcionarios de inmigración otorgar permisos de trabajo a solicitantes de asilo si sus casos han estado pendientes durante al menos 180 días, lo que ha facilitado a miles de inmigrantes recibir permiso de trabajo 150 días después de presentar su petición.

Las personas que cumplan los requisitos exigidos pueden obtener posteriormente el permiso de trabajo al cumplirse otros 30 días.

La nueva regulación suspendería la emisión de los permisos de trabajo a peticionarios de asilo hasta que USCIS decida sobre las solicitudes presentadas en un promedio de 180 días, dijeron las fuentes consultadas.

A la vez, se exigiría a los solicitantes de asilo esperar un año después de presentar su solicitud –en lugar de seis meses– para ser elegibles al permiso de trabajo, de acuerdo con las fuentes de DHS.

No está claro la fecha para anunciar la regulación oficialmente ni si se modificará antes de su aprobación definitiva.

“Lo que puedo adelantar es que estamos trabajando en la propuesta con la determinación de ponerla en vigor antes de que termine este año”, dijo el funcionario gubernamental que habló con CaféFuerte.

El propósito de la administración Trump, bajo la iniciativa de Miller, es buscar una salida al congestionado sistema de asilo que impide avanzar los casos ante los tribunales de inmigración y obliga a los jueces a postergar citas hasta incluso 2028.

“Es una medida terrible que desafía los derechos establecidos en la Ley de Inmigración de Estados Unidos”, dijo a CaféFuerte el abogado Willy Allen. “Esta es otra respuesta desesperada ante la imposibilidad de detener diariamente tres mil indocumentados, como es el plan del señor Miller, basado en mentiras y falsas estadísticas de criminalidad de la comunidad inmigrante”.

Miller y asesores del DHS consideran que el sistema de asilo está siendo explotado sistemática y oportunistamente por los inmigrantes económicos, sin reales méritos para recibir protección como asilados políticos.

Las leyes estadounidenses permiten solicitar asilo en territorio estadounidense a extranjeros que puedan demostrar miedo de persecución por motivo de su nacionalidad, raza, religión, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social.

La enorme acumulación de casos y las limitaciones operativas mantienen ralentizado el sistema de asilo en Estados Unidos. Según estadísticas del gobierno federal, más del 77% de las solicitudes de asilo presentadas ante USCIS llevaban más de 180 días pendientes y un 40% de los casos seguían sin resolverse después de dos años.

El número de solicitudes de asilo se ha disparado en los últimos cinco años. Pero la administración Trump prácticamente mantiene bajo cerrojos el sistema de asilo tras otorgarles a los agentes fronterizos la facultad de deportar sumariamente a la mayoría de los inmigrantes con el argumento de que el país enfrenta una “invasión foránea”, según una orden ejecutiva emitida el pasado 20 de enero.

De acuerdo con cifras oficiales, USCIS está gestionando aproximadamente 1.5 millones de solicitudes de casos, mientras que los tribunales de inmigración tienen a su cargo otros dos millones pendientes.

Respecto a los inmigrantes cubanos, se estima que casi 400 mil solicitantes de asilo se encuentran pendientes de resolución en distintas fases ante los tribunales o los funcionarios de USCIS. El otorgamiento de solicitudes de asilo oscila entre un 7% y 10%, pero cada día se hace más difícil recibirlo debido a las presiones que enfrentan los jueces de inmigración por parte de la actual administración.

La suspensión de permisos de trabajo para solicitantes de asilo generaría un caos para la sobrevivencia de inmigrantes en espera de resolver sus casos, impidiendo la manutención de los solicitantes y sus familias por vías del trabajo legal, y empujándolos a laborar sin documentos en la economía sumergida.

Respecto a la medida, el DHS declinó hacer comentarios y envió un comunicado, atribuyendo responsabilidades por la crisis a la administración Biden.

“Durante los últimos cuatro años, la administración Biden destruyó la integridad del sistema de asilo estadounidense. El Departamento está explorando todas las opciones posibles para proteger nuestra seguridad nacional y aumentar la integridad del programa. El DHS está trabajando para mitigar todas las formas de fraude y abuso”, señaló la declaración.

El DHS considera que los cambios que está considerando la administración Trump se aplicarían a los solicitantes de asilo con solicitudes pendientes enviadas a USCIS y a quienes se encuentran en proceso de deportación ante los tribunales de inmigración, supervisados ​​por el Departamento de Justicia.