Batacazo de Trump contra el parole humanitario desata pánico y confusión entre cubanos

La administración de Donald Trump dio este jueves otra vuelta de tuerca al parole humanitario con el envío de una advertencia a miles de inmigrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos de que sus beneficios han sido revocados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó el envío de cartas a los beneficiarios del programa CHNV para notificarles oficialmente que su permiso para vivir y trabajar en el país está expirado, y que deben abandonar el territorio estadounidense de forma inmediata.

El mensaje fue enviado por correo electrónico y generó rápidamente una avalancha de pánico y confusión entre miles de personas y sus familiares.

“La Administración Biden mintió a Estados Unidos. Permitió que más de medio millón de extranjeros procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y sus familiares directos entraran en Estados Unidos a través de estos desastrosos programas de libertad condicional; les concedió oportunidades para competir por puestos de trabajo en Estados Unidos y socavar a los trabajadores estadounidenses; obligó a funcionarios de carrera a promover los programas incluso cuando se identificó fraude; y luego culpó a los republicanos en el Congreso por el caos que se produjo y la delincuencia que siguió”, afirmó la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en el comunicado oficial.

La funcionaria agregó que poner fin al programa de parole de CHNV “será un necesario retorno a las políticas de sentido común, a la seguridad pública y a poner por delante las prioridades de Estados Unidos».

Pero en realidad, la comunicación emitida por el DHS no era noticia para los beneficiarios del programa después de los fallos recientes en tribunales y las propias determinaciones anunciadas, apenas 72 horas antes, por la agencia federal.

El presidente Trump canceló el programa el mismo día de asumir su mandato, el pasado 20 de enero, y luego de demandas en los tribunales federales, la Corte Suprema avaló la suspensión el pasado 30 de mayo.

Sin embargo, el fallo de una jueza federal de Boston, Massachusetts, el pasado 28 de mayo, concedió alivio para la paralización administrativa del parole impuesta por el gobierno, y ordenó procesar todos los casos pendientes de resolución. A esta decisión se sucedió una comunicación del Departamento de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el pasado lunes 9 de junio, autorizando la reanudación de solicitudes migratorias y los permisos de trabajo, luego de que los funcionarios concluyan los procesos de investigación de cada caso y puedan adjudicar los beneficios correspondientes.

Por lo tanto, el impacto real de la medida está limitado a los beneficiarios del parole humanitario que no ejercitaron otras avenidas legales para regularizar su estatus, ya sea la solicitud de residencia por la Ley de Ajuste Cubano (CAA), en el caso de los inmigrantes cubanos, peticiones de asilo, reclamaciones familiares o activación de visas de trabajo.

“Es importante aclarar que la medida del DHS sobre la suspensión del estatus por el parole humanitario, no significa que van a deportar a todos los beneficiarios del programa, que ya fue suspendido por la Corte Suprema”, dijo el abogado Willy Allen. “En cuanto a los cubanos, aun en los casos que puedan perder el permiso de trabajo, están protegidos por la Ley de Ajuste Cubano”.

El experto comentó a CaféFuerte que las restantes nacionalidades sí estarán más afectadas, pero se cumplirán todos los procesos en marcha, y tienen disponible el recurso del asilo.

“Esta decisión es también parte del amedrentamiento impuesto como estrategia política por la administración Trump”, agregó Allen. “Lo que corresponde es continuar con los procesos en curso y preparar sólidamente los casos”.

El programa CHNV había permitido la entrada a Estados Unidos de más de 532,000 inmigrantes de las cuatro nacionalidades favorecidad, los venezolanos desde octubre de 2022 y las tres restantes desde enero de 2023.

En el caso de los cubanos, son menos de 20,000 los que aún no han cumplido un año de permanencia en el país para poder acogerse a la CAA, pero muchos de ellos acudieron a protecciones adicionales con peticiones de asilo. Muchos de los 110,400 cubanos que lograron arribar a territorio estadounidense desde enero de 2023 han regularizado su estatus como residentes permanentes o tienen ya presentada su solicitud.

El anuncio de DHS se produjo en una semana de reforzamiento ofensivo contra la inmigración, en la cual se incrementaron las redadas en tribunales, centros de trabajo y plantaciones agrícolas, al tiempo que se alentaban los llamados a que las personas en situación irregular usaran la aplicación móvil CBP Home para abandonar el país, con una bonificación de $1,000 dólares al llegar a su país de origen.

Las autoridades han intensificado un plan de deportación a gran escala con procesos expeditos de deportación, favorecidos por el arresto a los inmigrantes al cerrar sus casos en los tribunales de inmigración. El aparato judicial de inmigración –adscrito a la rama administrativa– ha recibido presiones del gobierno para agilizar los casos de asilo para proceder a la expulsión inmediata de quedan sin amparo legal tras las audiencias.

La estrategia es proceder de inmediato aplicar un proceso de remoción, sin esperar el plazo establecido de 10 días para que el inmigrante pueda reclamar la revisión de su caso.

En un reporte emitido por USCIS esta semana, la entidad reveló que desde el pasado febrero se han iniciado procedimientos de deportación contra más de 26,700 inmigrantes sin base legal para permanecer en el país, luego de ser citados con un NTA (Notificación de Comparecencia).

“Estos esfuerzos de selección y examen han dado lugar a aproximadamente 11,840 NTA a la semana y un aumento de 2,811% en NTA relacionados con el fraude por mes desde la era de la administración Biden-Harris. Esto incluye la emisión de aproximadamente 500 NTA asociadas con casos de asilo y 100 NTA en casos de Estatus de Protección Temporal (TPS), a la semana”, explicó el informe de USCIS.

La política revisada del NTA forma parte de una serie de esfuerzos para reforzar el sistema de inmigración legal, por lo que USCIS está ayudando activamente ICE proporcionando voluntarios para apoyar sus operaciones y cumplir las metas de deportación.

En general, el USCIS se inclina por emitir NTA tras la emisión de un fallo judicial desfavorable sobre una solicitud de beneficios, cuando el inmigrante es considerado expulsable de Estados Unidos.