Nuevas tarifas para documentos y trámites en Cuba: aclaraciones necesarias

Por Miguel Fernández Díaz

Los nuevos procedimientos vigentes en Cuba para la obtención, certificación y legalización de documentos para surtir efecto en el exterior, así como las tarifas en pesos convertibles (CUC) que cobrarán las entidades autorizadas por el gobierno, han creado una cadena de versiones y equívocos entre la población que tampoco han sido debidamente aclarados por los medios estatales.

A partir de la publicación de las tarifas por servicios en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 17, del pasado 2 de abril, se suscitaron las dudas no solo por la simple obtención de documentos docentes y otros, sino también por los demás servicios regulados, desde una representación en juicio hasta  tramitar asuntos migratorios.

Una primera aclaración sobre una supuesta tarifa adicional de 200  CUC para entrada al país ya fue hecha: No hay que abonar ningún dinero para ingresar a Cuba, más allá de las tarifas ya establecidas para la actualización del pasaporte. La mención en el decreto del Ministerio de Justicia se refería solo a aquellas personas que pretenden establecer su residencia definitiva en Cuba -cubanos o extranjeros- y se someten a un proceso migratorio, ya sea de repatriación o radicación en el territorio cubano, y deben contratar por la ejecución del trámite.

Más precisiones

Pero le legislación amerita tres especificaciones más en medio de la confusión generalizada:

1. Solo las tarifas en CUC para obtener, certificar y legalizar documentos -docentes o de otra clase- con destino a surtir efecto en el exterior se aplican también a los cubanos residentes en el país. Hasta el momento los cubanos tenían que pagar en CUC nada más que los sellos del timbre (impuesto sobre documentos) por esos trámites.

2. Los cubanos residentes en exterior y los extranjeros pagaban una tarifa fija de 100 CUC por cada documento. Ahora tendrán que pagar la tarifa establecida -y variable- para cada tipo de documento.

3. Otro cambio significativo es la centralización, en la Consultoría Jurídica Internacional (CJI), del trámite de obtención, certificación y legalización de antecedentes penales para uso en el exterior. Antes se obtenían a través de las oficinas correspondientes del Ministerio de Justicia y se legalizaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La implmentación de estas tarifas y procedimientos se producen en el contexto de los ajustes quje realiza el gobierno de Raúl Castro en función del venidero proceso de unificación monetaria, la entrada en vigor de la Ley de Inversión Extranjera y las ventas de inmobiliarias para extranjeros, lo que inevitablemente provocará una mayor afluencia de visitantes y reclamos de servicios jurídicos en el país.

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