Corte Suprema de EE.UU falla a favor de Trump y revoca el parole humanitario
Con esta decisión queda pavimentado el camino para que la administración Trump retire las protecciones legales a unos 531,690 inmigrantes, entre ellos a unos 20 mil cubanos.

La Corte Suprema de Estados Unidos le dio este viernes la estocada mortal al programa de parole humanitario.
El máximo órgano judicial de la nación le dio un segundo espaldarazo a Donald Trump en su escalada por eliminar programas de la administración Biden y falló a favor de su petición de revocar el parole humanitario, que desde 2022 protegió a miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Con anterioridad, la entidad le permitió a Trump eliminar también el Estatus de Protección Temporal (TPS) para otros 350 mil inmigrantes venezolanos.
La orden judicial no aparece firmada ni ofrecía justificación argumental para el veredicto, algo común cuando los magistrados deciden sobre solicitudes de emergencia. La votación fue por mayoría de 7-2, con las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor en discrepancia.
“Es la muerte del parole humanitario, pero parecía inevitable”, dijo a CaféFuerte el abogado Willy Allen. “El presidente de Estados Unidos tiene la capacidad para revocar órdenes ejecutivas con otras órdenes ejecutivas, y este es el caso… Iba a ser muy difícil que el Tribunal Supremo rechazara este argumento para proteger programas de la administración Biden”.
Aunque Allen recordó que el caso seguirá ventilándose en en tribunal de Boston, advirtió que las opciones de revivir el parole humanitario son ínfimas.
Con esta decisión queda pavimentado el camino para que el gobierno de Trump retire las protecciones legales y el permiso de trabajo a unos 531,690 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El programa fue establecido para los venezolanos en octubre de 2022. Para el resto de las tres nacionalidades se implementó en enero de 2023, y permitió la llegada a territorio estadounidense a 110,240 cubanos.
De los cubanos, alrededor de 20,000 estarían desprotegidos por no haber cumplido un año de permanencia en el país y acogerse a la Ley de Ajuste Cubano (CAA), pero su estatus pudiera beneficiarse por haber hecho una admisión con parole a territorio estadounidense.
Allen dijo que la situación más difícil será para venezolanos, haitianos y nicaragüenses, a quienes solo quedará el recurso de ganar un asilo político.
Los jueces del Tribunal Supremo tomaron la decisión de levantar una orden de un tribunal inferior que mantenía vigentes las protecciones del parole humanitario. La jueza federal Indira Talwani, de un tribunal de distrito en Boston, había restablecido este miércoles los beneficios del parole humanitario para miles de personas que no habían podido renovar sus permisos de corta duración y ahora quedan en situación vulnerable ante las ofensivas de deportación masiva a lo largo del país.
Fue un respiro momentáneo para los afectados, pero apenas duró 48 horas. Talwani, quien fue designada por el presidente Barack Obama, opinó previamente que era improbable que dos órdenes emitidas por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en espera de una revisión adicional del caso superaran una impugnación legal, entre otras cosas porque uno de los memorandos enviados por el gobierno “no ofrece una explicación razonada” de los motivos de la suspensión del programa.
“La ‘pausa’ lleva ya tres meses en vigor; es, en efecto, una suspensión indefinida”, escribió la jueza sobre la revocación anunciada por la administración, el pasado marzo, a lo que siguió una demanda de organizaciones defensoras de los inmigrantes, grupos legales, personas y familias afectadas.
La demanda fue presentada por ocho inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos antes de que la administración Trump pusiera fin al programa por “abuso generalizado” en la aplicación del parole humanitario.
Dos fallos temporales de la jueza Talwani y la ratificación de un panel de apelaciones dieron esperanzas a los inmigrantes para mantener con vida el programa, pero el 8 de mayo el DHS presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema. Y los magistrados revirtieron la protección brindada por el tribunal de Boston.
Sin embargo, no todo fue un coro unánime en la Corte Suprema. La jueza Jackson respaldó el criterio de Talwani y suscribió que la eliminación anticipada de las protecciones legales dejará a las personas ante una dura disyuntiva: huir del país o arriesgarse a perderlo todo.
La orden de la Corte Suprema no es definitiva, pero significa que las protecciones no estarán vigentes mientras el caso siga su curso. Ahora el caso retornará al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston.
El Departamento de Justicia argumenta que las protecciones siempre fueron concebidas como temporales y que el DHS tiene la facultad de revocarlas sin interferencia judicial.
La administración Trump afirma que Biden otorgó la libertad condicional en masa, y que la ley no exige cancelarla individualmente. “Abordar cada caso individualmente sería una tarea gigantesca y retrasaría los esfuerzos del gobierno para presionar por su eliminación”, dijo el fiscal federal D. John Sauer.
La decisión judicial de este viernes es el caso más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que la administración Trump ha llevado ante la Corte Suprema, tres de ellas relacionadas con la inmigración.
El Tribunal Supremo ha fallado en contra de Trump sobre otras peticiones, como la negativa a aplicar la llamada Ley de Enemigos Extranjeros para deportar pandilleros a terceros países, pero le ha dado la razón en las dos apelaciones de emergencia en cuanto a los programas de parole humanitario y TPS, establecidos durante la etapa de Biden.
FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS SOBRE EL PAROLE HUMANITARIO