Deportación de cubanos a Sudán del Sur crea precedente para expulsiones hacia terceros países
Lo que parecía una posibilidad lejana para cubanos con orden final de deportación durante décadas se materializó esta semana, con el envío de dos residentes de Florida rumbo a cárceles en África.
La deportación de dos ciudadanos cubanos hacia Sudán del Sur desbroza el camino para que la administración Trump presione al gobierno de La Habana con el propósito de retornar a miles de sus nacionales que no son aceptados de vuelta en la isla.
Lo que parecía una posibilidad lejana para cubanos con orden final de deportación durante décadas se materializó el pasado martes, con el envío de dos residentes de Florida rumbo a la lejana África, lo que sienta un precedente alarmante para próximas operaciones de expulsión bajo el criterio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los cubanos deportados a Sudán del Sur se nombran Enrique Arias Hierro, de 47 años y residente en el condado Miami-Dade; y José Manuel Rodríguez Quiñones, de 54 y que vivió en los condados de Volusia, Orange y Brevard. Ambos con un amplísimo historial criminal en Estados Unidos.
We conducted a deportation flight from Texas to remove some of the most barbaric, violent individuals illegally in the United States.
— Homeland Security (@DHSgov) May 21, 2025
No country on earth wanted to accept them because their crimes are so uniquely monstrous and barbaric.
En los registros estatales, Arias Hierro aparecía con siete arrestos en 1997 y en dos ocasiones en 2006. Fue detenido por última vez el pasado 2 de mayo. Sus antecedentes penales suman condenas por homicidio, robo a mano armada, suplantación de identidad, secuestro y robo con violencia.
Respecto a Rodríguez Quiñones, figura con detenciones ocurridas entre 2008 y 2021 por tráfico de cocaína, asesinato con arma de fuego, agresión con violencia y hurto. Fue finalmente puesto en custodia de ICE el pasado 30 de abril.
“Realizamos un vuelo de deportación desde Texas para expulsar a algunos de los individuos más criminales y violentos que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos… Ningún país del mundo quería aceptarlos, porque sus crímenes fueron singularmente monstruosos y brutales”, dijo el DHS mediante un comunicado.
We are removing these convicted criminals from American soil, so they can never hurt another American victim.
— Homeland Security (@DHSgov) May 21, 2025
It is absurd that an activist judge is trying to force the United States to bring back these uniquely barbaric monsters who are a clear and present threat to the safety… pic.twitter.com/8xo7IojpIk
Los cubanos fueron incluidos en un grupo ocho hombres de Birmania, Vietnam, México, Laos y Sudán del Sur que también fueron deportados en el vuelo del martes hacia el mismo destino.
Funcionarios del DHS revelaron las identidades de los deportados luego de que el juez federal Brian E. Murphy, en un tribunal de Massachusetts, emitiera un fallo la noche del martes tras una audiencia de emergencia. Los abogados de los ocho hombres denunciaron que la administración Trump había reiniciado deportaciones de extranjeros a un país del cual no son originarios.
Se produjo incluso inicialmente la duda sobre si el avión se dirigió a Sudán del Sur o a Djibutí.
Murphy, quien fue nombrado por Joe Biden, declaró que el gobierno debe “mantener la custodia y el control de los miembros del grupo que actualmente están siendo deportados a Sudán del Sur o a cualquier otro tercer país, para garantizar la viabilidad práctica del retorno si el tribunal determina que dichas deportaciones fueron ilegales”.
“Estamos expulsando a estos criminales convictos de territorio estadounidense para que nunca más puedan lastimar a otra víctima estadounidense. Es absurdo que un juez activista intente obligar a Estados Unidos a traer de regreso a estos monstruos que representan una amenaza clara y presente para la seguridad del pueblo estadounidense”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, durante el encuentro con la prensa.
Murphy fue el juez que anteriormente congeló los planes de DHS para enviar personas a Libia sin previo aviso, incluso si tuvieran agotados todos los recursos legales. Una última alternativa para los inmigrantes es presentar una solicitud de retención en el país basada en el miedo, amparada por la Convención Contra la Tortura (CAT).
En el caso de Cuba, su gobierno rechaza recibir la devolución de sus nacionales calificados como inelegibles por haber cometido crímenes y cumplido condena en cárceles estadounidenses. Ningún radicado a Estados Unidos antes de 2017 es parte del acuerdo de repatriación que se derivó del fin de la política de pies secos/pies mojados, y cualquier deportación debe ser tratada “caso por caso”.
En total, 42,084 cubanos aguardan con orden de deportación para ser enviados a la isla, pero el régimen se niega a asimilarlos. La situación es compleja, porque muchas de estas personas han permanecido en el país por décadas, formado familias, establecido negocios y adquirido propiedades, y un retorno a Cuba sería un paso escabroso.
Pero bajo la presión del gobierno de Trump para expulsar indocumentados y criminales convictos, muchas de estas personas pudieran verse afectadas por exorbitantes multas y arrestos prolongados, considerando que las autoridades demuestren que constituyen una amenaza para la seguridad pública.
“Mi recomendación para todas estas personas señaladas con orden final de deportación es que busquen un tercer país adonde irse a establecer y asegurarse una estabilidad”, comentó el abogado de inmigración Willy Allen. “De lo contrario sus vidas pudieran convertirse en una terrible pesadilla en los próximos años”.
Las redadas lanzadas por el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte del plan de deportaciones masivas de Donald Trump han incluido detenciones a cubanos de larga permanencia en el país, pero también a numerosas personas de recientes oleadas de inmigrantes.
Sin embargo, en los cuatro vuelos de deportación realizados por ICE a La Habana desde el pasado enero solo han sido enviados inmigrantes de reciente arribo a Estados Unidos.
El gobierno también ha liberado a un reducido grupo de cubanos que fueron detenidos con el fin de deportarlos, pero no obtuvieron la anuencia del régimen de la isla.
Se espera que la próxima semana salga un nuevo vuelo fletado por ICE desde Miami, llevando deportados a La Habana. Una fuente de DHS dijo que la agencia continuaba con los planes previstos de deportaciones hacia Cuba.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel manifestó recientemente que cualquier interés de Estados Unidos para aumentar las deportaciones tendría que ser negociado por ambas partes.
En respuesta a La Habana, la administración Trump ha cancelado la ronda de conversaciones migratorias que debían celebrarse el pasado abril, sin posibilidades visibles para reanudarlas en un futuro cercano.
Lo que sí a quedado claro es que el DHS está dispuesto a darle a los cubanos similar tratamiento al resto de los criminales deportables que están en prioridad de expulsión, sin descartar ningún destino.
El juez Murphy dijo que espera que los inmigrantes deportados “reciban un trato humano”.
Pero Sudán del Sur –un país fundado en 2011– no clasifica entre los sitios más recomendables para recibir una especial protección. El propio informe anual del Departamento de Estado, publicado en abril de 2024, identifica en ese país “problemas significativos de derechos humanos”, entre los que se relacionan asesinatos arbitrarios, desapariciones, tortura o tratos inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad, así como una violencia generalizada por motivos de género e identidad sexual.
Es sintomático que Kristi Noem, secretaria del DHS, haya extendido hasta noviembre una protección de deportación para ciudadanos de Sudán del Sur, considerando que las condiciones del país “son inseguras para el regreso”.
En abril, una disputa diplomática por deportaciones entre Estados Unidos y Sudán del Sur desembocó en la revocación de visados y prohibición de entrada a los ciudadanos sursudaneses.