Revocación del TPS por la Corte Suprema de EE.UU: La paradoja de los venezolanos
La eliminación del TPS para los venezolanos no es solo una injusticia jurídica. Es una bofetada simbólica a quienes confiaron, equivocadamente, en que el respaldo político garantizaría integridad migratoria.
Por Tatiana Ramos Bosch*
El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue creado en 1990 como una herramienta legal y humanitaria para amparar a personas que huyen de conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que hacen inseguro el retorno a sus países de origen. Su lógica es simple y profundamente humana: nadie debería ser obligado a volver a un lugar donde no se respetan derechos fundamentales ni se garantiza la vida.
Esa lógica hablaba del Estados Unidos que muchos admiramos alguna vez: el país que, al menos en el imaginario, defendía a los oprimidos y se ubicaba —con orgullo— del lado correcto de la historia. Pero el guión ha cambiado. Y en esta nueva versión, la compasión ha quedado fuera del reparto.
En enero de 2025, la administración Trump decidió revocar el TPS otorgado en 2023 a más de 350,000 venezolanos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, defendieron la medida alegando “mejoras sustanciales” en la situación de Venezuela. Una afirmación que no sólo raya en la ficción, sino en el cinismo.
Decir que Venezuela es hoy un país seguro es tan absurdo como sostener que Corea del Norte celebra elecciones libres. Basta revisar informes recientes de Amnistía Internacional o Human Rights Watch para corroborar lo evidente: persecuciones sistemáticas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, colapso de los servicios básicos, inseguridad alimentaria y una crisis humanitaria de escala continental. Pero todo eso se desvanece cuando las decisiones responden menos a los hechos y más a una agenda ideológica.
Hoy, 19 de mayo de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó la revocación definitiva del TPS para los venezolanos, permitiendo que las deportaciones comiencen de inmediato, incluso mientras se resuelven apelaciones en tribunales inferiores. Una decisión que ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, abogados de inmigración y legisladores que advierten sobre los riesgos de regresar a una nación donde persiste una emergencia crónica.
Mientras tanto, hay salvadoreños que conservan su TPS desde hace 24 años. Lo obtuvieron tras los terremotos de 2001, y han visto extenderse su estatus una y otra vez, incluso cuando El Salvador ya tiene una relativa estabilidad política y económica. Tiene un presidente con índices de aprobación altísimos, logros en seguridad reconocidos internacionalmente y vínculos amistosos con la administración actual. Bukele y Trump parecen viejos conocidos. Se elogian, comparten memes… y sólo les falta jugar metras en el CECOT.
Esto no es un alegato contra los salvadoreños. Es una pregunta incómoda: ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué se perpetúa la protección para unos mientras se revoca abruptamente para quienes viven una crisis igual o peor? ¿Acaso el TPS dejó de responder a las condiciones objetivas y empezó a depender de afinidades políticas?
La ironía duele más cuando golpea de cerca. Muchos de los venezolanos que hoy pierden su estatus migratorio fueron entusiastas defensores de esta administración republicana que ahora los deja sin protección. Hicieron campaña, ondearon banderas, se retrataron con gorras rojas. Creyeron que alinearse con la retórica “maga” bastaba para asegurarse un lugar en “la tierra de la libertad”.
Muchos tienen familiares que votaron por Donald Trump, amigos que celebraron su regreso, vecinos que repitieron: “Con Él se acaba el comunismo”. Pero hoy, esos mismos quedan atrapados en un limbo legal. No por falta de mérito, sino por el capricho de una política migratoria que mide con doble vara y castiga según la conveniencia ideológica del momento.
La eliminación del TPS para los venezolanos no es solo una injusticia jurídica. Es una bofetada simbólica a quienes confiaron, equivocadamente, en que el respaldo político garantizaría integridad migratoria. En política, la esperanza mal depositada puede convertirse en exilio forzado.
El TPS debería seguir el termómetro de la realidad, no el de las simpatías. El dolor humano no cambia por decreto.
*Periodista, profesora y publicista venezolana. Doctora en Ciencias de la Información. Reside en West Palm Beach, Florida.