Segundo portazo a Trump: Tribunal de apelaciones ratifica vigencia del parole humanitario
Un panel de tres jueces del Tribunal del Primer Circuito, en Boston, validó la orden previa de la jueza Indira Talwani de impedir la cancelación del programa, que beneficia a miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Una tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes la solicitud de la administración Trump para revocar el estatus legal a los beneficiarios del programa de parole humanitario (CHNV), que protege a miles de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en Estados Unidos.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, radicado en Boston, Massachusetts, denegó la suspensión de una orden judicial previa que puso freno al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su decisión de cancelar el parole humanitario a inmigrantes favorecidos por la administración de Joe Biden.
“A los efectos actuales, basta con decir que la Secretaria de Seguridad Nacional [Kristi Noem] no ha hecho en este momento una «fuerte demostración» de que su cancelación categórica de la libertad condicional (parole) de los demandantes sea probable de sostener en una apelación. Tampoco ha demostrado que la balanza de los daños y el interés público pesan tanto a su favor como para justificar una suspensión de la orden del tribunal de distrito en apelación ante la ausencia de una fuerte demostración que pueda hacer prevalecer la decisión de la Secretaria”, consideró un panel de tres jueces del tribunal, en su totalidad designados por presidentes demócratas.
La decisión constituye un segundo portazo a Donald Trump en su estrategia para poner fin a los programas implementados durante la era Biden, y buscar así un espaldarazo judicial a su política de deportaciones masivas de inmigrantes que ostentan un estatus legal para permanecer y trabajar en el país.
El fallo del tribunal de apelaciones respaldó el dictamen de la jueza federal de distrito Indira Talwani, que el pasado 14 de abril dio marcha atrás a la revocación del parole humanitario y ordenó mantener los beneficios otorgados a los beneficiarios del programa migratorio.
En la apelación, el gobierno argumentó que la Secretaria Noem tenía la facultad discrecional para cancelar categóricamente el estatus de los inmigrantes y que la orden de Talwani obligaba al ejecutivo a “retener a cientos de miles de extranjeros en el país contra su voluntad”.
El gobierno había establecido que todos los beneficiarios sin otra protección migratoria estaban sujetos a una posible deportación desde el 25 de abril, y recomendó que las personas afectadas debían salir voluntariamente del país para evitar una expulsión expedita.
La iniciativa CHNV de la administración Biden se activó por dos años para los venezolanos desde octubre de 2022 y a partir de enero de 2023 para cubanos, haitianos y nicaragüenses. Unos 532 mil personas de las cuatro nacionalidades lograron ingresar al país, entre ellos 110,240 cubanos.
El proceso judicial en Boston está motivado por una demanda de grupos de beneficiarios, patrocinadores y organizaciones defensoras de los inmigrantes. La jueza Talwani emitió la orden con carácter preventivo, pero el caso continuará curso hasta una decisión final.
La determinación del caso podría tener implicaciones también para miles inmigrantes que entraron por la frontera de México con el programa CBP One, recibieron un parole mientras procesaban su petición de asilo político y hoy están seriamentamente amenazados con la deportación.
La abogada Karen Tumlin, quien encabeza la demanda como directora del Justice Action Center, celebró la decisión del tribunal de apelaciones, y calificó de “intento imprudente e ilegal de la administración Trump” la maniobra para despojar a casi medio millón de personas de su estatus migratorio.
🥳📣Good news: The First Circuit just denied the Trump Admin's request to pause our win in Svitlana v. Noem that protected legal status + work permits for hundreds of thousands of people who came to the U.S. through CHNV parole. More on this here: https://t.co/eDaObRIgZT
— justiceactionctr.bsky.social (@jactioncenter) May 6, 2025
“Nuestros clientes han hecho todo lo que el gobierno de Estados Unidos les ha pedido. Ahora la administración Trump necesita mantener su parte del trato”, dijo Tumlin.
Pero todo parece indicar que la administración Trump acudirá a la Corte Suprema de Estados Unidos, como hizo ya para desafiar una decisión judicial precedente que protegió a unos 600 mil venezolanos acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS).
“La administración Trump está comprometida a restaurar el estado de derecho en nuestro sistema de inmigración. Ninguna demanda, ni esta ni ninguna otra, nos impedirá hacerlo”, declaró en un comunicado la portavoz de DHS, Tricia McLaughlin.
Pero todo dependerá del curso que tome la batalla entre el poder judicial y la administración Trump, que ya ha desafiado órdenes y fallos de jueces por considerar que no responden a los intereses nacionales.
Este lunes el gobierno lanzó una iniciativa de autodeportación a cambio de un financiamiento de $1,000 dólares y facilidades de viaje para quienes salgan voluntariamente del país. El DHS explicó en un comunicado que las asistencias se canalizarán a través de la aplicación rebautizada como CBP Home y que el estipendio se pagará a los beneficiarios una vez confirmado su regreso a su país de origen.
Entre los advertidos con deportación inminente están cientos de inmigrantes que se acogieron al programa CBP One y esperan por una audiencia de asilo ante un juez de inmigración.
FALLO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES SOBRE EL PAROLE HUMANITARIO