La ola Trump: DHS ordena arrestos en tribunales de inmigración para acelerar deportaciones

La administración de Donald Trump facultó a los agentes federales para arrestar a personas indocumentadas que comparecen con citas ante los tribunales de inmigración y poder someterlos a un proceso de deportación expedita.

“La mayoría de los extranjeros que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en los últimos dos años están sujetos a deportaciones aceleradas. Biden ignoró este hecho legal y optó por liberar a millones de extranjeros ilegales, incluyendo delincuentes violentos, en el país con una notificación para comparecer ante un juez de inmigración. El Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ahora está cumpliendo con la ley y colocando a estos extranjeros ilegales en deportación acelerada, como siempre debió haber sido”, indicó una declaración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) divulgada este jueves.

Desde esta semana, activistas y abogados alertaron sobre la presencia de agentes de ICE en los tribunales de inmigración para detener a personas que comparecían a las citas programadas para litigar sus casos.

Hasta el momento se han reportado alrededor de una veintena de detenciones en los estados de Florida, Arizona, Texas, Lousiana y California, entre ellos varios cubanos con el documento I-220A.

Este jueves en Miami se reportó el arresto de ocho cubanos al salir del tribunal de inmigración, según fuentes consultadas por CaféFuerte. La detención se explica porque el juez decidió cerrar sus respectivos casos, lo que faculta a los agentes de ICE para proceder a una deportación expedita (expedited removal).

Algunos de los agentes de ICE comparecieron vestidos de civil y ocuparon los pasillos de un tribunal de inmigración en el centro de Miami.

Esta semana también se conocieron detenciones en tribunales de inmigración en las ciudades de Houston, New Orleans, Phoenix y Santa Ana. Entre los detenidos se conoció el nombre de la cubana Dalia Bárbara Ricardo Aldama, quien perdió su caso de asilo en un tribunal de California y fue detenida a la salida de la sala.

“Todas las personas que entraron de manera irregular en los últimos dos años están en peligro”, dijo a CaféFuerte el abogado Willy Allen.

El abogado calificó de “situaciones miserables” lo que está sucediendo en los tribunales de inmigración. Un cliente suyo, de nacionalidad cubana y beneficiado con el programa CBP One, se encuentra entre los detenidos esta semana.

El argumento que esgrime el DHS para lanzar esta ofensiva de detenciones se sustenta en que la secretaria de DHS, Kristi Noem, ha decidido revertir la política de la administración Biden sobre la admisión de inmigrantes bajo programas como el CBP One, establecido en enero de 2023.

Con el programa de citas de CBP One, más de 936,500 personas de múltiples nacionalidades lograron ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo ante las autoridades estadounidenses. Los inmigrantes eran liberados con un parole.

“La secretaria Noem está revirtiendo la política de Biden de captura y liberación [Catch & Release] que permitió que millones de extranjeros ilegales no verificados fueran liberados en las calles estadounidenses”, indicó el comunicado. “Esta Administración está implementando una vez más el estado de derecho”.

De acuerdo con los procedimientos judiciales, las personas a quienes se les cierran o niegan sus solicitudes de asilo pueden ser puestas de inmediato en deportación acelerada. Este proceso permite una expulsión sin más recursos de reclamación.

Sin embargo, si hay un caso activo de inmigración, solo el juez está en capacidad de prolongarlo o cancelarlo. La deportación expedita no puede proceder si el expediente migratorio tiene opciones pendientes para el solicitante.

“Si tienen una solicitud válida de temor creíble, continuarán con los procedimientos de inmigración, pero si no se encuentra una solicitud válida, los extranjeros estarán sujetos a una deportación rápida, señaló el comunicado de DHS.

El abogado Allen admitió que la secretaria Noem está en lo correcto al querer aplicar la Ley de Inmigración de 1996, pero consideró que si la gran mayoría de los indocumentados –casi el 85%– entraron sin entrevista de miedo creíble, la situación actual requiere más camas en los centros de detención y oficiales para procesarlos, y no es lógico detener a personas que ya han solicitado asilo político.

“Cerrar un proceso en la corte para detener y comenzar de cero nuevamente un caso muestra un gasto innecesario de los recursos de DHS y pone en evidencia que la administración Trump no ha podido llegar a sus metas imaginadas de detención y deportación”, declaró Allen.

El experto también alertó de que en estas redadas se están produciendo “irregularidades inaceptables”.

“Hoy [jueves] fue detenido el cliente de una abogada que no había cerrado el caso en la corte, lo cual es preocupante”, dijo Allen.

La pasada semana, un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) dejó abierta la posibilidad de que personas que entraron por la frontera sur de Estados Unidos y recibieron un documento de libertad bajo supervisión I-220A, debieron recibir en realidad un parole (libertad condicional).

Sin embargo, el veredicto de BIA constituye un arma de doble filo, pues permite también negar la fianza a personas con I-220A que sean detenidas, obligándolas a esperar por su juicio de asilo en custodia o ser deportadas en caso de que no tengan un procedimiento migratorio pendiente.

DECLARACIÓN DEL DHS SOBRE LA POLÍTICA DE ARRESTOS EN LOS TRIBUNALES DE INMIGRACIÓN