Luces de justicia: Tribunal de apelaciones dice no a ley de inmigración de Florida
Un panel de tres jueces del Onceno Circuito, en Atlanta, denegó la solicitud del fiscal de Florida, James Uthmeier, para suspender el fallo de un tribunal inferior que mantiene bloqueada la legislación en el territorio.
Un tribunal federal de apelaciones rechazó este viernes la implementación en de la Ley de Inmigración de Florida (SB 4-C), asestando un duro golpe a los planes del gobernador Ron DeSantis de convertir al estado floridano en un bastión de la batalla contra la inmigración irregular en el país.
Un panel de tres jueces del Onceno Tribunal de Apelaciones, en Atlanta, denegó por unanimidad la solicitud del fiscal de Florida, James Uthmeier, para suspender el fallo de un tribunal inferior que mantiene bloqueada la legislación en el territorio desde el mes pasado.
La ley aprobada por la Legislatura de Florida, con el impulso de la abrumadora mayoría republicana, convierte en un crimen estatal cualquier intento de entrada irregular o apoyo de los ciudadanos y residentes a los inmigrantes, y se erige como un pilar simbólico de las políticas agresivas que tiene en marcha la administración de Donald Trump.
Se considera que esta ley dotaba a Florida en el estado con las restricciones antiinmigrantes más severas del país, incluyendo la opción de pena de muerte obligatoria para personas sin estatus legal que cometan crímenes graves, como asesinatos o violación de menores.
En el fallo dictado el pasado abril, la jueza de distrito Kathleen Williams atacó el lado más vulnerable de la legislación afirmando que es muy probable que viole la Constitución de Estados Unidos, porque “busca poner en práctica un asunto que es competencia exclusiva del gobierno federal”.
La demanda contra la legislación floridana fue impulsada por grupos de defensores de los inmigrantes, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El dictamen del tribunal de apelaciones pone en pausa la acción de los departamentos del sheriff de los 67 condados de Florida que han firmado acuerdos para colaborar con el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre ellos varias ciudades del sur de Florida como Hialeah, Davie, Sunny Isles, Palm Beach Gardens y Coral Gables.
De hecho, la ley queda paralizada mientras continúa el proceso legal en los tribunales.
El gobierno de Florida puede ahora apelar al pleno de jueces del Onceno Circuito o acudir al Tribunal Supremo en un plazo de 30 días.
El fallo de este viernes es doblemente significativo considerando que el Tribunal de Apelaciones de Atlanta es una entidad judicial calificada entre las más conservadoras del país.