Un sainete leguleyo o el sueño de una ONG independiente en Cuba
Por MIGUEL FERNANDEZ DIAZ
La incomprensión del Estado totalitario castrista parece llegar al colmo con el revuelo mediático en Miami por la gestión del abogado Wilfredo Vallín en La Habana para inscribir la Asociación Jurídica Cubana (AJC), considerada por la prensa local como una “organización que proporcione asesoramiento jurídico a la sociedad civil, incluidos los disidentes”.
Todo empezó por una gestión superflua de Vallín ante el Ministerio de Justicia (MINJUS): “la solicitud de un certificado donde se estableciera que ninguna otra organización no gubernamental se había inscrito con el mismo nombre o propósito que la AJC”. La ministra guardó silencio y “luego de dos años y dos meses”, con trámites judiciales hasta el Tribunal Supremo y todo, la AJC recibió un papelito para enterarse de algo sabido de antemano: no hay una AJC previa.
Según la Ley 54/1985 de Asociaciones, el Ministerio de Justicia rechaza la solicitud para constituir una asociación si consta inscripta otra con idénticos o similares objetivos o denominación a la que se pretende constituir (Artículo 8d).
Solicitar la autorización requerida (Artículo 6) para constituir una asociación en Cuba como “ONG de abogados independientes” es delirante, porque el Decreto-Ley 81/1984 sobre el Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) prescribe que “evacuar consultas, dirigir, representar y defender los intereses de una persona natural o jurídica” sólo pueden hacerlo los juristas que pertenecen a la ONBC.
Para dar asesoramiento jurídico fuera de la ONBC hay que tener autorización excepcional del Ministro de Justicia, en casos puntuales, o ceñirse sin tal autorización ya sólo a casos de familiares allegados (hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad).
La suerte de la AJC está echada desde el principio por la propia Ley 54/1985, que prohíbe registrar asociaciones «cuando resultare evidente la imposibilidad de cumplir con los objetivos y actividades que se propone» (Artículo 8ch). Los miembros de la AJC tendrían que pertenecer la ONBC para convertirse, como pretenden, “en protectores del pueblo”. Y sólo podrían serlo como miembros de la ONBC.
Una ocurrencia con mortaja
A principios de la década del 90, Juan Rafael Mendoza Díaz, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, tuvo la ocurrencia de solicitar autorización para un bufete de profesores universitarios. Mendoza Díaz venía de la Junta Directiva de la ONBC y concibió institucionalizar la potestad que el Decreto-Ley 81 concedía a los juristas en función docente para ejercer la abogacía por determinado período, como forma de vincular la teoría con la práctica.
Entonces Mendoza Díaz no se anduvo con rodeos y encauzó la solicitud directamente a José Ramón Machado Ventura, que era el compañero del Buró Político que atendía desde más arriba al Departamento de Órganos Estatales y Judiciales del Comité Central del Partido único. El jefe de ese departamento era entonces el finado Félix Pérez Milián (por ese departamento pasó hasta el actual presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro).
Pero Machado Ventura le dijo redondamente a Mendoza Díaz que no, y trató de consolarlo con una asignación de buena pintura para la Facultad de Derecho.
Si no prosperó la propuesta de Mendoza Díaz -uno de los cuatro juristas escogidos por Castro para representar a Cuba en la famosa demanda por daños humanos contra el gobierno de los Estados Unidos-, mucho menos esperanza tiene el ademán de Vallín por crear una organización que pretende dar servicios jurídicos.
Alucinaciones de verano
Tendría que prestarlos gratis, porque de lo contrario no sería ONG, sino bufete y entonces se abriría la interrogante de quién correría con los gastos inevitables de las tramitaciones. No podrían ser otros que los propios clientes, pero cualquier trámite judicial o administrativo con asesoramiento jurídico en Cuba exige la presentación del contrato de servicios jurídicos con la ONBC. Así volvemos al punto de partida que condena de antemano esta tentativa al fracaso.
Lo que ha hecho Vallín hasta ahora es puro trámite procesal, a sabiendas de que la cuestión de fondo está decidida de antemano, porque el ejercicio de la abogacía en Cuba es monopolio de la ONBC. Y ahora más que nunca, porque muchas de las llamadas “sociedades civiles de servicio”, entidades autorizadas a prestar servicios jurídicos fuera de la ONBC, como el Bufete Internacional adscrito a Cubanacán, pasaron a manos del Ministerio de Justicia.
Es decir, hay un proceso de concentración de la función de asesoramiento jurídico en el Ministerio de Justicia. Aunque la ONBC se autodefine como “autónoma”, para entrar como abogado en ella hay que pasar por el tamiz del ministro de Justicia, quien también tiene la última palabra en la expulsión de los abogados de la ONBC.
Entretanto, el trámite que demoró más de dos años para conseguir un papelito que no hace falta pasa a los titulares de los medios locales con la impresión de que se está gestando “la primera organización independiente y verdaderamente no gubernamental de Cuba”.
Eso vale tanto como las alucinaciones de que en Cuba el ejercicio de la abogacía es libre y funciona un Estado de Derecho.