Negocios petroleros: De cómo los cubanos compraron alimentos para Venezuela
Por Casto Ocando*
La estructura de la industria petrolera venezolana en Estados Unidos no sólo se usó para promover actividades de compraventa de crudo y derivados, muchos de ellos cuestionables, sino también para la negociación de suministros y productos de alimentación que provocaron sonados escándalos con vínculos a importante funcionarios chavistas.
Los pormenores de estas transacciones indican también cómo representantes del gobierno cubano asesoraron e intervinieron en las gestiones de Venezuela para adquirir alimentos en el exterior en medio de la crisis de abastecimientos.
El objetivo del nuevo enfoque corporativo en Estados Unidos era atender el nuevo papel “social” asignado a PDVSA por la revolución del presidente Hugo Chávez.
Negocios de varias decenas de millones de dólares con firmas norteamericanas se promovieron a través Bariven, una subsidiaria de PDVSA creada para manejar la adquisición en el exterior de insumos y suministros para la industria petrolera venezolana décadas atrás.
En enero del 2008, cuando Venezuela atravesaba una aguda escasez de alimentos, el presidente Chávez anunció un programa de $800 millones de dólares para comprar y distribuir un “combo” alimentario con productos básicos en la dieta del venezolano, como arroz, granos negros o caraotas, y leche en polvo.
Comprándole al enemigo
Cuando los paquetes comenzaron a distribuirse en Venezuela, quedó de relieve que muchos habían sido adquiridos a firmas productoras en Estados Unidos. Por ejemplo, el arroz fue comprado a la firma Gulf Pacific, de Houston, Texas; las caraotas a Trinidad Benham Corp., con sede en Denver, Colorado, el mayor distribuidor en Estados Unidos de granos y arroz; y el aceite vegetal a la firma texana Cal Western Packaging Co.
Casi de inmediato, las operaciones de compra de alimentos coordinada a través de Bariven comenzaron a mostrar más costuras de malos manejos.
En una llamativa demanda judicial a mediados del 2008, los dueños de una firma de Miami denunciaron que el gobierno venezolano les canceló un contrato multimillonario, después de que se negaron a pagar un supuesto soborno de $2 millones, según documentos de la Corte del Distrito Sur de la Florida.
La demanda fue presentada por Tomás González y Pablo Cárdenas, propietarios de la firma exportadora de alimentos Dexton Validsa, Inc., registrada como una corporación en la Florida, y alegaba que las empresas estatales venezolanas Bariven, S.A. y PDVSA Services, Inc. (PSI), cancelaron cinco contratos para el suministro de carne de res, pollo y azúcar refinada por un valor de unos $195 millones, que iban a ser destinados al programa alimenticio del gobierno venezolano, debido a la negativa de ambos empresarios de pagar la millonaria comisión.
González y Cárdenas, ambos venezolanos radicados en el sur de la Florida, detallaron en la demanda, iniciada en junio del 2008 en una corte federal de Miami, que un enviado de Bariven de nombre Juan Carlos Chourio, les pidió $2 millones como garantía a fin de que los contratos no fuesen cancelados.
La alegada petición de soborno fue reiterada, indicaron los documentos de la demanda, en varios encuentros en Miami. El último encuentro tuvo lugar el 27 de marzo del 2008 en el restaurante Houston, en la concurrida vía conocida como Miracle Mile, en el corazón de Coral Gables. Ese mismo día, como antesala de la ilegal propuesta, Dexton Validsa recibió un correo electrónico desde la sede de Bariven, advirtiéndole que “no había cumplido completamente con los envíos bajo el contrato firmado en el 2007”.
De sobornos y otras andanzas
Según los demandantes, Chourio dijo que era un enviado de George Kabboul, presidente de Bariven, S.A. y de PSI. También afirmaron que Chourio se presentó a sí mismo como un “cercano confidente” de Luis Hernández, jefe de las operaciones de Bariven en Brasil. De acuerdo con los documentos de la demanda, Chourio aseguró que tanto Hernández como Kabboul “lo habían enviado para que exigiera el pago de la comisión”.
La última mención que se hizo sobre el tema del soborno se produjo a principios de abril del 2008 en el hotel Gran Meliá de Sao Paulo. González y Cárdenas habían ido a Brasil a reunirse con los directivos de la firma Quatro Marcos, su mayor proveedor de alimentos. Allí Chourio insistió en el tema diciendo que los contratos de suministro de alimentos “iban a ser cancelados” si no pagaban los $2 millones. La suspensión de los contratos se produjo finalmente el 8 de abril del 2008.
Los abogados de Dexton Validsa en Miami atribuyeron la suspensión de los contratos por parte de Bariven a la negativa a ceder frente a una propuesta de soborno.
“Dexton Validsa se negó a pagar el soborno ilegal, y esa es la única razón por la que estamos en este pleito legal”, declaró Adolfo Jiménez, abogado de la firma Holland & Knight, de Miami, representante de Dexton Validsa.
La justificación formal esgrimida por Bariven para explicar la suspensión de los contratos con Dexton Validsa fue que la firma norteamericana se había retrasado en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y demostró que notenía capacidad para cumplir con los contratos.
La posición oficial tanto en PSI como en Bariven fue mantener el bajo perfil. Ninguno de los bufetes en Miami y en Boston que defendían a las empresas demandadas accedió a dar entrevistas. Ninguna de las personas mencionadas en las demandas como George Kabbul o Juan Carlos Chourio quisieron hablar.
En su declaración jurada ante la corte federal hecha desde Caracas, Kabboul aseguró que “no he recibido ni recibiré ningún tipo de pago relacionados con este proceso”.
Rumbo a Brasil
Sin embargo, el testimonio de Kabboul se contradijo con respecto a su relación con Chourio. Al principio aseguró que no lo conocía. Luego reconoció saber que Chourio y el segundo a bordo en Bariven, Eusebio Sabate, estaban relacionados. La esposa de Chourio es prima de la de Sabate, según la declaración jurada. También admitió que había ordenado a la Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas, la llamada policía de PDVSA, investigar a Chourio. Pero no reveló las razones que motivaron la pesquisa.
Los abogados de Dexton Validsa también destacaron el hecho de que en abril del 2008 Kabboul viajó en el mismo avión donde iba Chourio rumbo a Sao Paulo, donde Kabboul acudió a firmar acuerdos para comprar alimentos a firmas brasileñas. Coincidencialmente también, establecieron los abogados demandantes, ambos se hospedaron el mismo hotel en la populosa ciudad brasileña.
Kabboul había ido a Sao Paulo sólo por una razón: al romper con Dexton Validsa, se proponía negociar directamente con los proveedores de la empresa exportadora norteamericana, pero no a precios de mercado sino “significativamente más altos”, de acuerdo a los papeles de la demanda.
Entre las operaciones citadas en los documentos se encuentra la adquisición de 20,000 toneladas métricas de carne de res a la firma brasileña West Meat, a un precio de $4,900 cada tonelada, casi $600 por encima del precio ofrecido por Dexton Validsa. O sea, más de $11.5 millones de sobreprecio.
La conexión cubana
El escándalo reveló también por primera vez la forma cómo los cubanos operaban tras bastidores en las negociaciones del gobierno venezolano para adquirir alimentos en el exterior.
Los cubanos utilizaron tres firmas, Alimport, Surimpex y Cuba Control, para adquirir alimentos para PDVSA en mercados internacionales, principalmente en Brasil, donde trabajaban en cooperación con Luis Hernández, jefe de operaciones de Bariven en el gigante suramericano.
De acuerdo a la declaración jurada de Hernández, las firmas cubanas Alimport y su afiliada Surimpex formaron parte de una de las cinco comisiones que el gobierno venezolano ordenó crear para comprar alimentos en el mercado internacional a fines del 2007, a fin de atender la escasez que sobrevino en Venezuela en ese momento.
La orden de que técnicos cubanos asesoraran al gobierno venezolano en este rubro fue emitida por Kabboul, dijo Hernández en su testimonio.
Agregó que todas las adquisiciones de alimentos realizadas por Bariven en Brasil fueron inspeccionadas por la empresa Cuba Control, un consorcio de La Habana que inspecciona las compras cubanas de alimentos en Brasil.
“Se nos dio la instrucción de incluir las ofertas de servicios de Cuba Control, como la compañía responsable en el futuro de la supervisión o contabilidad de los cargamentos”, dijo Hernández.
Alimport al servicio de Caracas
En ocasiones los cubanos actuaban como mediadores principales por parte de Bariven en las negociaciones de compra de alimentos, indicaron otros testimonios contenidos en la demanda.
En febrero del 2008, un representante de la firma cubana Alimport, identificado como Ricardo Franco Navas, habló en representación de PDVSA con la productora brasileña de alimentos Quatro Marcos con el propósito de negociar un contrato de suministro para el programa alimentario de Venezuela, aseguró María Clara Malutta, ejecutiva de Quatro Marcos, en una declaración jurada.
La firma brasileña, que mantenía un contrato de exclusividad con Dexton Validsa para suministrar alimentos a Bariven, declinó negociar directamente con PDVSA.
En una decisión de la corte federal, el juez James Lawrence falló a favor de Dexton Validsa, y ordenó a Bariven reconocer daños por $40.76 millones. Dado que Bariven ya había dado adelantos a Dexton Validsa de $44.58 millones, el juez estableció que la firma radicada en Miami debía devolver un total de $3.82 milllones a Bariven.
La decisión, sin embargo, fue apelada por Bariven. A mediados de 2011, exactamente el 9 de junio, la corte del circuito 11 de apelaciones, con sede en Atlanta, Georgia, ordenó a la corte del Distrito Sur de la Florida establecer si Bariven suministró o no a Validsa las “adecuadas garantías de desempeño” antes de romper el contrato para la adquisición de alimentos. En caso positivo, entonces Bariven no sería considerada responsible de daño alguno por parte de Dexton Validsa por la ruptura del contrato. En caso negativo, Bariven tendría que cubrir los daños reclamados por Dexton Validsa.
Miami se salpica
Los escándalos legales por los contratos de adquisición de alimentos también incluyeron otras dos firmas estadounidenses: Exim Brickell, con sede en Miami, y Alox International, una subsidiaria de Lab Essential, una empresa establecida en Houston, Texas.
Exim Brickell fue la firma encargada de importar leche en polvo desde China a Venezuela. La firma reclamó en la demanda legal inicial, introducida en la corte federal de Miami en el 2008, una compensación de $77 millones por incumplimientos.
La leche enviada a Venezuela desde China estaba contaminada con melanina, un aditivo químico agregado a la leche para aumentar su valor proteínico, pero que causó más de 1,300 muertes en China a fines de 2008. La firma argumentó que Bariven no realizó las adecuadas pruebas de laboratorio para certificar la calidad de la leche en polvo, ni realizó las supervisiones necesarias en China para establecer las medidas necesarias para su empaque y distribución.
Exim Brickell también indicó en los documentos de la corte que la leche en polvo permaneció almacenada en condiciones inapropiadas en containers en puertos venezolanos durante más de seis meses, lo que provocó que el producto sufriera un proceso de descomposición.
Bariven desestimó el caso ante la corte federal, argumentando que Exim Brickell incumplió los términos del contrato para la compra de 16,000 toneladas de leche en polvo.
Por su parte, Alox International LLC exigió unos $6 millones “por violación de contrato y pérdida del pago inicial”, de acuerdo a los papeles de la corte de Miami. Alox había firmado un contrato con Bariven para suministrar unas 19,000 toneladas métricas de harina de trigo y 4,000 de margarina en marzo del 2008. El contrato fue suspendido en julio de ese año sin razones aparentes, indicaron los abogados de Alox.
*Este artículo es parte del libro Chavistas en el Imperio. Secretos, tácticas y escándalos de la Revolución Bolivariana en Estados Unidos (2014). El texto está a la venta en las librerías de Miami y puede adquirirse además a través de amazon.com Habrá una presentación especial en la librería Books & Books de Coral Gables el próximo 5 de junio, a las 7:30 p.m.