Cuba audiovisual: Netflix, flexix y Paquetflix

Por Gustavo Arcos Fernández Britto*
El pasado lunes, leímos que Netflix, la plataforma que ofrece descargas on line de filmes y series, abría sus servicios a Cuba. Por el momento, la noticia tiene solo una validez simbólica puesto que, para el ciudadano común, internet y los pagos con tarjetas de crédito son solo una quimera.
Sin embargo, el apreciable gesto de la compañía, se anuncia como premonitorio de los muchos que vendrán durante el presente año y que conectarían a la isla con las dinámicas tecnológicas, financieras, interactivas y de consumo virtual, tan comunes en el mundo contemporáneo.
Ahora, en teoría, los ciudadanos cubanos pueden acceder al extenso catálogo de películas y programas de televisión que posee el sitio, con más de 50 millones de suscriptores en todo el planeta. ¿Hay filmes cubanos allí? Probablemente no, pero… ¿pudieran nuestros realizadores y distribuidores colocarlos a partir de ahora? Tampoco, puesto que no existen convenios oficiales entre Cuba y Estados Unidos para la explotación de los productos generados en nuestra industria cultural y se sabe que la casi totalidad de los filmes cubanos pertenecen al ICAIC, o sea, al Estado.
Leyes inoperantes
Cuando en breve tiempo, otras grandes empresas de la informática y las comunicaciones quieran regularizar sus servicios con Cuba, se toparan con un país cuyas leyes en este campo se encuentran limitadas en su acción, pero, sobre todo, inoperantes en el territorio norteamericano. De tal manera, poco después de establecidas las relaciones diplomáticas entre los dos países deberán sentarse los expertos legales, para tratar infinidad de cuestiones sobre el patrimonio, los derechos de explotación de las obras artísticas y la comercialización de los productos audiovisuales a ambos lados del estrecho de la Florida.
Tales pactos, reducirán notablemente la llamada piratería, una práctica mutua que lleva más de medio siglo de aplicación. Del lado cubano fue legitimada por el gobierno revolucionario cuando el bloqueo y otras formas de aislamiento internacional cercaron la isla en los años 60 y 70. Por esa época, una parte notable de la cultura universal fue, sin pedirle autorización ni licencias a nadie,  puesta en manos del pueblo.
Habría que decir también,  que muchos intelectuales  del mundo cedieron de buena gana sus derechos, identificados con el proyecto social que recién comenzaba. El copiar y reproducir fue practica reforzada por el discurso integrador de la Revolución y sus acciones para llevar la cultura a las masas. En el mismo sentido, ni siquiera se discutían las cuestiones del derecho de autor con los creadores nacionales, o los beneficios por la comercialización de sus obras, pues tales prerrogativas se asociaban con un pensamiento burgués, anticuado e  ideológicamente reprobado. Durante bastante tiempo, el dinero, y su posesión más allá del salario básico, fue estigmatizado y algunas palabras (cliente, ganancia, beneficios, mercado, negocios) también.
Aunque, los años han cambiado muchas de estas visiones y el país está envuelto en un proceso de transformaciones de sus estructuras jurídicas y legales, la piratería o la ilegalidad están lejos de ser erradicadas.
Piratería, práctica estatal
Practicada en primera instancia por el Estado, sirvió luego para que los ciudadanos pudieran acceder y compartir todo tipo de contenidos y textos censurados por el propio sistema. Para muchos, es un gesto de resistencia que puede darse en el plano de la cultura, pero también en el tecnológico, científico o financiero.
En  nuestro país, aunque existen leyes que protegen el derecho de autor, el patrimonio nacional, las patentes o la propiedad intelectual, estas se aplican con discreción. La sociedad misma se ha levantado durante décadas sobre un extraño tejido que confunde los límites entre lo legal  y lo ilegal, lo permitido y lo prohibido.
En el campo propiamente del cine y las imágenes una parte de los contenidos, que ofrece desde hace décadas nuestra televisión carece de licencias de transmisión. Más del 70 % de los filmes que se proyectan en nuestras salas son norteamericanos y jamás se le ha pagado a los estudios y distribuidoras de ese país por su exhibición. Desde que se legalizó el trabajo por cuenta propia apareció la figura del vendedor y distribuidor de discos, que en la práctica comercializa cada año y sin pagar derechos de autor, miles de DVD con materiales audiovisuales realizados en todo el mundo.
Con frecuencia, la televisión ofrece cortos y películas cubanas en su programación, sin consultar previamente a sus productores y sin pagar en la mayoría de los casos,  a los realizadores cubanos los copyright establecidos por resoluciones y acuerdos desde hace años. Las instituciones oficiales colocan en las universidades y centros de información pertenecientes a organizaciones escolares o juveniles, cientos de filmes cubanos, para que sean descargados sin ninguna objeción por todos los interesados, una noble acción,  pero que no fue consultada a los cineastas. Desde hace 15 años vienen proliferando en la isla todo tipo de productoras independientes que aunque no tienen un amparo legal, el Estado las tolera.
Lo que vendrá
Las relaciones con Estados Unidos cambiaran de una forma u otra a toda la sociedad cubana. Veremos radicales transformaciones en múltiples órdenes, siendo el territorio cultural uno de los que sufrirá mayor impacto. Inevitablemente, el país deberá potenciar la generación de materiales audiovisuales de factura propia, algo que debe ir acompañado de una mayor libertad temática, estilística y expresiva. Urge la necesidad de crear fondos que fomenten la realización de filmes y proyectos sostenibles que estimulen al talento nacional.
Pero no basta con producir, sino también, que deben nuestras obras ser lo suficientemente competitivas que les permita insertarse en los canales de distribución y consumo audiovisual del planeta.  Habrá que invertir en tecnología, infraestructura y abrirse a la inversión foránea en estos campos. Alguien pudiera decir que tales oportunidades ya existen, pero no vale con nombrarlas sino que también deben hacerse posible, levantando el excesivo control sobre los medios y la información, que solo genera desconfianza y estancamiento. Debe acabar de comprenderse que vivimos en una era extraordinariamente marcada y dependiente de las nuevas tecnologías, un mundo globalizado e interconectado que se mueve en otras dimensiones y plataformas, una realidad, que ha transformado las relaciones del poder con los ciudadanos, los medios y el arte.
No es casual que los realizadores cubanos lleven tiempo promoviendo un debate serio con los directivos del país sobre el tema del cine y los medios. Cien de ellos se reunieron espontáneamente hace dos años e iniciaron un proceso de diálogo y propuestas concretas para articular cambios en la industria. El eje de toda la cuestión estaría en la formulación de una nueva Ley de Cine, un aparato jurídico inclusivo que esté a la altura de los nuevos tiempos. Una nueva visión de todo ese entramado que incluya no solo la producción de películas sino también su distribución y exhibición. Debe recordarse que en Cuba, no existe tal ley, solo la que en 1959, permitió la creación de una institución, el ICAIC, pero que hoy se ha visto superada por las dinámicas creativas contemporáneas, donde el cine alternativo tiene enorme protagonismo a lo largo y ancho de la isla.
Preguntas infinitas
La inversión en nuevas tecnologías e infraestructura tendrá que ser colosal y se sabe que el Estado cubano no posee tales recursos financieros, por tanto no le queda otra, que establecer alianzas y generar un clima beneficioso y legal que genere confianza en los inversionistas. ¿Cómo pudiera revertirse el calamitoso estado actual de nuestras salas de cine? ¿Qué será de la programación televisiva cuando no puedan trasmitirse tantos espacios y materiales de procedencia extranjera sin pagar los derechos? ¿Qué pasará con las computadoras, sistemas operativos y software pirateados, cuando Microsoft, Yahoo, Google, Apple, Viacom, Amazon y otros, decidan establecer oficinas y negocios en el país? ¿Cómo pudiera crearse un clima de confianza entre ambas naciones sin la firma de acuerdos en estos aspectos? Ante una posible regulación en materia de derechos de autor y propiedad intelectual entre Cuba y EEUU, ¿cómo se articularán los beneficios por la difusión y explotación comercial de la obra  de nuestros músicos y artistas audiovisuales? ¿Cómo puede potenciarse el talento joven del país, ahora necesitado de generar contenidos, si la principal escuela de formación audiovisual carece de tecnología y algunas de sus aulas se derrumban? Si la Universal o Disney quisieran restaurar o levantar nuevas salas de cine en Cuba, costeando todos los gastos a cambio de una cuota en pantalla para sus producciones, ¿les seria permitido? ¿Podrán los emigrados cubanos invertir en la apertura de canales televisivos, colaborar con productoras independientes legalizadas o sugerir contenidos audiovisuales para el país? ¿Podrán hacerlo los norteamericanos?
Mientras se responden esas y otras preguntas. Mientras Netflix y nuevas compañías desbrozan el camino hacia una integración de Cuba con el mundo de la informatización, mientras llega la internet y la banda ancha a nuestros hogares, mientras la burocracia nacional se pone de acuerdo en cómo responder a las nuevas realidades de un mundo complejo, pero que se mueve a la velocidad de la luz, los habitantes de la isla, seguirán “luchando”, apelando y disfrutando de la piratería, la innovación, la adaptación y por supuesto…  el PaquetFlix.
*Profesor y crítico de cine. Reside en La Habana