Arrestan a funcionarios cubanos vinculados a negocio de telecomunicaciones con China
Rigoberto Enoa, uno de los funcionarios arrestados.
Por Fabián Flores
Dos altos funcionarios cubanos vinculados a negocios con el consorcio Huawei, enclave chino dentro del monopolio estatal de las telecomunicaciones en la isla, fueron arrestados en La Habana por acusaciones de corrupción.
Según confirmaron a CaféFuerte fuentes del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), fueron detenidos el director del Departamento de Ventas de Huawei en Cuba, Javier Vilariño, y Rigoberto Enoa, director de Política Comercial con Asia y Oceanía del MINCEX, bajo cargos de tráfico de influencias.
“Se conoce muy poco sobre lo que ha sucedido, pero puedo confirmar que los dos fueron arrestados hace poco”, dijo una fuente que pidió anonimato.
Teléfonos e internet
El gigante chino Huawei Technologies Co Ltd., con ingresos que superaron los $28 mil millones en 2015, suscribió un convenio con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) el pasado 6 de noviembre para comercializar smartphones en la isla.
A comienzos del pasado año se conoció que un convenio con la empresa Huawei permitiría montar los equipos necesarios para prestar servicios de internet de banda ancha en el municipio Habana Vieja, territorio piloto en las conexiones a domicilio.
El servicio de Internet a domicilio comenzó a comercializarse en Cuba a pequeña escala y de manera costosa, con el plan de que durante este año pueda expandirse a a 38,000 ofertas. Las tarifas por 30 horas mensuales oscilan entre 15 y 105 pesos convertibles (CUC.).
Al filo del precitado convenio, Vilariño declaró a la prensa que Huawei llevaba más de una década trabajando en Cuba y ETECSA negociaba con esta empresa china “sobre la base de la protección mutua”.
De viaje por China
Enoa se desempeñó como consejero económico-comercial en funciones de la embajada de Cuba en China y siendo ya director en la nomenclatura del MINCEX acompañó al ministro Rodrigo Malmierca durante su visita a China, en septiembre de 2014.
Considerando que ambos son funcionarios públicos y cometieron el delito con abuso de sus funciones, la sanción principal aplicable corre de siete a 15 años de privación de libertad y pudiera imponérseles también, como sanción accesoria, la confiscación de bienes.
El Código Penal cubano (Artículo 151) define el tráfico de influencias como el ofrecimiento de “hacer uso de influencias en un funcionario o empleado público, simulándolas o prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal u oficial” para promover o gestionar la tramitación o solución de negocios, solicitar o promover alguna decisión o acto en beneficio propio o de otro, así como recibir o hacer que le prometan cualquier beneficio o ventaja como estímulo por haber actuado como mediador o remuneración de favores o decisiones.