Dialéctica del embargo y el ajuste cubano

Por Miguel Fernández Díaz

El sondeo de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) Cuba Poll 2014 ha causado revuelo mediático y las banderías del problema cubano desfogan sus pasiones en convalidar e impugnar los resultados. Entre ellos descuella que, en el condado Miami-Dade, el 52% de los encuestados de origen cubano está contra el embargo y el 86% a favor del “ajuste [migratorio] cubano”.

Esta disonancia es cognoscitiva: por diseño legal, levantar el embargo vigente desde 1962 y mantener el ajuste (léase la Ley de Ajuste Cubano, de 1966) es imposible. Resulta por lo menos curioso que hasta expertos y analistas, con y sin diploma, abunden en opiniones sin coger ese toro por los cuernos.

Hay dos fundamentos legales que deberían centrar este debate y que suelen obviarse con demasiada frecuencia a la hora de lanzar especulaciones sobre el dilema cubano:

• Según la Ley Helms-Burton (1996), el Presidente de Estados Unidos podrá tomar medidas de suspensión del embargo si determina que llegó al poder “un gobierno cubano de transición” y así lo notifica a los comités pertinentes tras consultar con el Congreso. Para levantar el embargo, aquel gobierno tendría que dar paso a otro “electo democráticamente” (Sección 204).

• Según la Ley de Reforma de Inmigración Legal y Responsabilidad del Inmigrante (1996), el ajuste cubano se derogaría si y solo si llega al poder ese “gobierno electo democráticamente” que exige la Ley Helms-Burton.

Así que la clave contradictoria del sondeo de opinión es que los encuestados no parecen adherirse a la decisión política de que el ajuste presuponga el embargo y viceversa hasta que la Casa Blanca determine que desapareció el castrismo.

Trampa 22

Así aflora otra contradicción mucho más relevante: si el embargo estuviera contribuyendo a la desaparición del castrismo, el ajuste estaría contribuyendo más bien a perpetuarlo, con la afluencia constante de cubanos que, tras avecindarse permanentemente en Estados Unidos (la cifra es de 384,344 entre 2001 y 2012), entran en sinergia con la industria de viajes y envíos a Cuba. The Havana Consulting Group estima que Cuba se nutre anualmente con unos $2.8 mil millones por remesas en efectivo y $3.5 millones por remesas en especie procedentes de Estados Unidos.

Y como un cuarto de millón de inmigrantes cubanos adquirió la ciudadanía estadounidense entre 2001 y 2013, poco a poco la base electoral de corte anticastrista va socavándose con votantes que en su inmensa mayoría no tienen la misión histórica de “un gobierno electo democráticamente en Cuba”, sino el empeño biográfico de hacer más llevaderas sus vidas en Estados Unidos y ayudar a sus familiares en la Isla, aunque sepan que así también ayudan al régimen.

¿Cómo conciliar entonces estas antagónicas contradicciones cubanas?