Inversión extranjera en Cuba: una aclaración necesaria
El proyecto del Puerto del Mariel, esponja para inversionistas extranjeros.
Por Miguel Fernández Díaz
La sesión especial del Parlamento cubano para votar el próximo sábado la nueva Ley de la Inversión Extranjera ha concitado especulaciones de todo tipo en el ámbito mediático, con aseveraciones tan disparatadas como ajenas al alcance jurídico del proyecto.
Por estos días leo titulares en diarios y sitios digitales como “Cuba propone permitir las inversiones de cubanos que viven en el exterior” y “Nada en la nueva ley de inversiones indica que los emigrados podrán hacer negocios en la Isla”.
Igual podría haberse dicho que nada, ni en la nueva ni en la vieja ley, indica que los emigrados NO podrían hacer negocios en Cuba. Todo es puro juego de lenguaje de reportes periodísticos desconectados de la realidad, porque las inversiones de cubanos residentes en el exterior no estaban prohibidas. La ley aún vigente, promulgada en 1995, definió como inversionista extranjero a:
“La persona natural o jurídica, con domicilio en el extranjero y capital extranjero, que se convierte en accionista de una empresa mixta, o participa en una empresa de capital totalmente extranjero, o que figura como parte en los contratos de asociación económica internacional” (Artículo 2, Inciso m).
Sin distinción de origen
La nueva ley no tiene por qué establecer un permiso especial para inversores de origen cubano, puesto que la vieja legislación no hizo distinción alguna entre inversores por su origen nacional. Desde que en 1995 se promulgó la Ley 77 para la inversión extranjera, los cubanos residentes en el exterior pueden invertir en Cuba y no lo hacen porque no quieren o no pueden, en este último caso porque:
a) No son aceptados por Cuba, que somete a todo inversor potencial a un proceso de negociación y aprobación de la inversión por el gobierno, o…
b) Residen en Estados Unidos y, por imperativo del embargo, sería ilegal invertir en Cuba.
Déborah Rivas Saavedra, directora general de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior, lo dejó claro esta semana durante un encuentro con periodistas, cuando se le abordó sobre el tema de los potenciales inversionistas cubanos del exterior: la emigración cubana no tiene vedada esa posibilidad, “como no la tenía en la anterior ley”, y se acogerá a los mismos términos de cualquier otro interesado en invertir en Cuba.
El entusiasmo de la sinrazón
El quid de la nueva ley son los incentivos. La participación mayoritaria del inversionista nacional (51%) frente al extranjero (49%) no sería ya la regla del negocio conjunto, sino que el porciento sería acordado entre ambas partes. Además, se rebajarían sustancialmente los impuestos sobre utilidades (del 30% al 15%) y sobre uso de la fuerza de trabajo (del 11% a cero), según el documento que circula desde hace días dentro y fuera de Cuba.
El documento consta de 61 artículos, subdivididos en 17 capítulos, dos disposiciones especiales, siete disposiciones transitorias y cuatro finales.
Los beneficios fiscales no se aplicarán a las inversiones extranjeras en la explotación de recursos naturales como el petróleo, que continuarán pagando impuestos sobre las ganancias de hasta el 50%,
Algo que no cambiará es la normativa de que los inversores extranjeros tengan que contratar a sus empleados a través de empresas estatales.
Disloque en la riviera
Eso de que “nuestro país nos abre las puertas”, como aseguran ahora ciertos cubanos residentes en Estados Unidos, trae su causa de la corta memoria. El canciller Bruno Rodríguez dejó bien claro en octubre del 2012 que “la inversión que demanda Cuba [son] 200, 300, 500, 1,000 millones de dólares”. Pero quienes llegan a ese listón, como Alfi Fanjul, no pueden invertir como consecuencia del embargo.
Este viernes se procederá a la reunión de las comisiones permanentes de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Económicos para elaboar el dictamen final sobre el proyecto de ley que se aprobará el sábado en el plenario de la Asamblea Nacional. De los 47 planteamientos emitidos en reuniones territoriales con diputados y funcionarios gubernamentales por territorios, siete fueron incluidos en el proyecto.
Las cartas están sobre la mesa. Y muy pronto los inversionistas foráneos sabrán a ciencia cierta a qué atenerse si deciden poner su capital en Cuba.
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