Caso SINTEL: Cuando los Mas Canosa tropezaron con Franco

Por Carlos Cabrera Pérez

Los herederos de Jorge Mas Canosa y sus socios en la aventura española pagarán 35 millones de euros (unos $44 millones de dólares) antes del próximo 5 de noviembre tras haber llegado a un acuerdo con los trabajadores de la empresa SINTEL, en un claro triunfo de la democracia, la justicia y los trabajadores sobre una corporación privada.

La España de 1996 –cuando se produjo la compra- era diferente a la actual, porque aunque una parte notable de la izquierda española ha ido cambiando su percepción de la dictadura cubana. La apuesta de Mas Canosa acrecentó involuntariamente el esquema propagandístico que siempre ha usado el castrismo para descalificar a sus oponentes: ricos, terroristas y proyanquis.

De hecho, esa percepción aún perdura en determinados sectores españoles, que reducen el exilio cubano a mafiosos terroristas de Miami o jineteros en busca de fortuna, pues a su antinorteamericanismo epitelial se unen los constantes mensajes sensuales y hasta sexuales de insultantes campañas de publicidad turística, que pretenden dibujar el alma de Cuba con una botella de ron, una mulata, una palmera y dos maracas.

Fallida aventura española

Y este ambiente estaba al alcance de cualquier mortal que abriera un periódico español en 1996 o encendiera la radio o la televisión, así que sorprende que un hombre experimentado como Jorge Mas Canosa, quien mostró gran habilidad para el cabildeo al más alto nivel en Washington, haya emprendido una aventura española tan fallida y contraproducente, metiéndose en camisa de once varas, pues Telefónica era y es una de las joyas de España y sus trabajadores tenían derechos históricamente reconocidos e inamovibles para la justicia democrática.

La izquierda española, incluida una parte del PSOE dolido por su “dulce derrota”, abrió fuego contra el empresario cubanoamericano como si se tratara del mayor enemigo a batir, y los sindicatos improvisaron una acampada en el céntrico Paseo de la Castellana madrileño -al que llamaron “Campamento de la Esperanza”- para denunciar la simulación de quiebra y fraudes que ahora aprecia la justicia, generando en muchos españoles de buena fe una solidaridad instantánea y justa con los casi 2,000 trabajadores que perdían su trabajo y un rechazo instintivo a los exiliados cubanos.

España había logrado derrotar los intentos del PSOE de convertirse en un partido de Estado, en una tendencia quizá copiada del antiguo PRI mexicano. Pero los medios de comunicación, en su mayoría en manos de gente que hizo caja con los gobiernos de Felipe González, intentaron demonizar a José María Aznar y a todo lo que viniera de su mano, estrategia que fracasó estrepitosamente con la primera mayoría absoluta del Partido Popular en el 2000.

La justicia española –con fama de lenta- ha tardado 11 años en dilucidar las acusaciones a los herederos de Mas Canosa y sus socios, quienes ahora pagan para evitar el juicio en un acuerdo extrajudicial que satisface a los trabajadores y que es una figura reconocida por la legislación vigente. Pero ello también es fruto de aquel remoto proteccionismo a los trabajadores del fascista Francisco Franco Bahamonde, que consiguió dibujar una España a su imagen y semejanza mientras vivió.

Rigidez del mercado laboral

Ahora mismo, cuando algún probable inversor se pronuncia sobre España, critica lo que considera “rigidez del mercado laboral” que en la práctica implica tener que indemnizar a los trabajadores despedidos con 45 días de salario por año trabajado, más la parte proporcional de sus vacaciones y las pagas extras que establezca su contrato, normalmente dos: una en verano y otra en Navidad, aunque en algunos casos hay una tercera paga extra en concepto de participación en beneficios, que suele producirse en mayo, tras cerrar las empresas el ejercicio fiscal los 30 de abril.

En los últimos años, gobiernos del PSOE (centroizquierda) y del PP (centroderecha) han reducido los derechos de los trabajadores, principalmente de los jóvenes que acceden por vez primera al mercado laboral, en un intento inútil por congraciarse con el capitalismo ramplón, lo que a la larga no ha generado beneficios tangibles para la sociedad española en su conjunto, que llama a estas modalidades, “contratos basuras”.

También es frecuente que cuando una empresa quiebra realmente -y eso lo decide un tribunal- un juez y no un político de turno, se autorice a la empresa a pagar 33 o 20 días de salario por años trabajados en vez de los 45; y en caso de que la empresa pruebe de que aún vendiendo sus activos no tiene liquidez para pagar todo lo que debe a sus trabajadores, entonces se encarga de hacerlo Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), entidad estatal que paga hasta un tope de 120 días laborales tras los últimos recortes introducidos por Mariano Rajoy. Lla Seguridad Social paga el subsidio de desempleo en correspondencia con el salario devengado por el trabajador y las cuotas abonadas por su empresa a la caja común.

En caso de que un trabajador en paro agote su prestación por desempleo, el Estado lo subsidia con 450 euros mensuales hasta que encuentre trabajo o se jubil, pero le exige a cambio que realice una búsqueda activa de empleo, asistiendo a cursos gratuitos y optando a diferentes puestos de trabajo. Esta cantidad apenas alcanza para sobrevivir en una gran ciudad española.

Los parados suelen complementarla con ayudas de instituciones religiosas y/o caritativas, pero nada de esto consigue paliar el daño moral que implica el desempleo prolongado para un ciudadano y más para un padre de familia.

Triunfo del Estado de derecho

Así que la tiranía cubana lo tiene crudo para intentar aprovecharse de este justo desenlace: aunque llene el papelucho Granma y demás medios de comunicación -incluidas sus cajas de resonancia en USA y Europa- con informaciones sobre la clara derrota judicial de los Mas Canosa y sus socios en España, tendrán complicado explicar cómo ningún ciudadano por rico y poderoso que parezca está por encima de la justicia democrática y cómo 1,800 trabajadores se repartirán una indemnización de unos 35 millones de euros, que incluye la recuperación de sus planes de pensiones, contratados previo a la quiebra ficticia de SINTEL.

La derrota de los Mas Canosa y sus socios es también un triunfo clamoroso del Estado de Derecho democrático, que protege a los obreros mucho más y mejor que las tiranías de China, Viet Nam, Corea del Norte y Cuba, por mucho que se desgañiten en los próximos días la menguada Mesa Redonda y sus ecos. En definitiva, cuando cayó el Muro de Berlín descubrimos lo mal que vivían los proletarios en las dictaduras del proletariado.

Pero tampoco hay que darlo todo por perdido, quizás una vez que los Ministerios de Trabajo y de Justicia, y la Central de Trabajadores de Cuba estudien el proceso que ha desembocado en la victoria de unos trabajadores sobre los herederos de uno de los anticastristas más representativos, e intenten aplicar algunas ventajas sociales del Código de Trabajo de España al actual proceso de ¿actualización? económica que lidera Raúl Castro. Sería recomendable acaso que los representantes de la más prolongada dictadura (¿del proletariado?) en Occidente decidieran u voluntad- han quedado “disponibles”, respetando la jerga oficial.

Y un pequeño recordatorio: en España, además de lo que ya he contado, la salud y la educación públicas, es decir, las estatales, son gratis, incluidas las universidades. Lo menciono para intentar evitar que algún opinionado de La Habana intente explicarnos que el modelo español neoliberal de protección del trabajador no es aplicable en Cuba porque allá es gratis casi todo y casi nadie se queda desamparado.

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