Sentenciado a 95 meses de cárcel miembro de la Mafia Cubana de Quintana Roo por robo y tráfico de inmigrantes

Javier Hernández, integrante de la violenta Mafia Cubana de Quintana Roo, fue sentenciado a casi ocho años de cárcel en un tribunal federal del sur de Florida por su activa participación en operaciones criminales de tráfico humano entre Cuba, México, España y Estados Unidos.

La sentencia de Hernández, de 50 años y radicado en Miami Beach, se produce luego de que un jurado lo hallara culpable el pasado 18 de octubre en un juicio prolongado por un mes.

De acuerdo con las evidencias presentadas en el proceso judicial, Hernández estaba asociado a la banda criminal y conspiró para alentar e inducir a extranjeros a ingresar ilegalmente en Estados Unidos.

En su proceder delictivo, Hernández también transportó embarcaciones robadas y conspiró para traficar vehículos de motor y lavar dinero con el fin de promover el trasiego de bienes robados. Como parte de sus acciones se cuenta el soborno de funcionarios públicos en octubre de 2023.

Hernández operaba junto a Ramón Reyes Aranda, de 38 años y residente en Naples, Florida, quien se declaró culpable poco antes de comenzar el juicio.

Ambos robaron embarcaciones de la costa oeste de Florida. Reyes Aranda identificaba los barcos y Hernández los transportaba a México, donde serían utilizadas para financiar y facilitar las actividades ilegales de la organización mafiosa, según un comunicado de la fiscalía federal.

El encausamiento de Hernández y Reyes Aranda, y la captura de otros integrantes de la Mafia Cubana de Quintana Roo es uno de los mayores golpes asestados contra redes criminales que operan el tráfico de inmigrantes cubanos, torturan rehenes y extorsionan a sus familiares en Estados Unidos para pagar cuantiosos rescates de sus víctimas.

Las embarcaciones robadas fueron transportadas a un cómplice en México, quien luego las usaría para facilitar y promover las actividades de la organización. Por ejemplo, las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Hernández transportó un vehículo a México para usarlo en sobornar a un funcionario extranjero para que la organización pudiera continuar realizando el tráfico de inmigrantes sin interferencia de las autoridades.

Para rastrear y enfrentar las actividades de la organización criminal se creó una amplia operación multinacional, encabezada por autoridades policiales estadounidenses y mexicanas. Mediante este operativo, las autoridades tuvieron conocimiento de una red de ciudadanos cubanos que residían en México que se beneficiaba del crimen organizado transnacional y la extorsión de inmigrantes a través del pago de tarifas de contrabando.

En las actividades delictivas fueron identificados además José Miguel González Vidal, de 36 años; Reynaldo Abreu García, de 56; Yohismy Pérez González, de 40; Yosvani Carbonel Lemus, de 43; Reynaldo Crespo Márquez, de 44, y Jancer Sergio Ramos Valdés, de 37, todos ciudadanos cubanos que residían en México al momento de presentárseles los cargos. Junto a ellos operaban Maikel Antonio Hechavarría Reyes y Mónica Susana Castillo, ambos mexicanos.

La evidencia contenida en el expediente judicial, indica que González Vidal presentó a Hernández y Reyes Aranda para que pudieran trabajar juntos en el transporte de embarcaciones robadas para la organización. Tanto Hernández como Reyes Aranda recibieron pagos de González Vidal y otros miembros de la organización por el transporte de la propiedad robada.

Los miembros de la red de extorsión a migrantes exigían a las víctimas que proporcionaran información de contacto de un miembro de la familia a quien luego exigirían un rescate de $10,000 dólares. Los hombres se pusieron en contacto con los familiares de las víctimas, algunos de los cuales se encontraban en Miami, y amenazaron con torturar, matar de hambre y matar a las víctimas si los familiares se negaban a pagar.

Si el familiar de una víctima podía pagar el rescate, la organización liberaba a la víctima y la enviaba en autobús a la frontera entre Estados Unidos y México con instrucciones de buscar asilo político. Las víctimas cuyos familiares no pudieron pagar la tarifa fueron golpeadas, amenazadas con cuchillos y pistolas y torturadas con pistolas paralizantes hasta que finalmente fueron rescatadas por las autoridades mexicanas.

Los miembros de la organización también buscaban lucrar con esquemas de fraude y tráfico de drogas.

La información obtenida por los investigadores revela que una vez que los integrantes de la organización fueron acusados y detenidos en Estados Unidos en espera de juicio, continuaron operando desde una prisión federal, tratando de obstruir la justicia, violando órdenes judiciales y distribuyendo suministros de contrabando, entre ellos drogas.

Como parte de su negocio carcelario, la organización pagó sobornos a un empleado federal para que introdujera contrabando y sustancias controladas para su distribución en el Centro Federal de Detención (FDC), en Miami.

Por su participación en el esquema criminal, González Vidal, Crespo Márquez, Abreu García, Pérez González, Carbonel Lemus y Ramos Valdés se declararon previamente culpables de conspiración con organizaciones corruptas e Influenciadas por padillerismo (Ley RICO) y tráfico de inmigrantes.

La fiscalía federal del sur de Florida solcita que cualquier víctima o testigo debe ponerse en contacto con la unidad investigativa HSI, del Departamento de Seguridad Nacional a través del número 877-4-HSI TIP (877-447-4847). Toda la información proporcionada tiene un carácter confidencial.